Jubilación, Reformas y los Médicos

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A lo largo del último siglo el envejecimiento de la población española ha crecido al aumentar la esperanza de vida. Al iniciar el siglo XX había un millón de personas con más de 65 años. Al terminar la década actual serán ocho millones de personas, de las cuales casi tres millones tendrán más de 85 años.

DrAcarin2Doctor Nolasc Acarín, presidente de Mutual Médica.Se ha conseguido una alta tasa de supervivencia por encima de los 65 años, de las más altas del mundo, y para nuestra satisfacción sigue aumentando. En el año 2.000 los que habían llegado a los 65 años tenían una esperanza de vida de 18 años más. La previsión para el 2040 es de casi 23 años más de supervivencia.

En 1.970 había cuatro trabajadores cotizantes a la seguridad social para cada pensionista, actualmente hay 2,5 cotizantes para un pensionista, y la previsión para 2.050 es de 1,7 cotizante para cada pensionista. Puede ser peor si se estabiliza de forma estructural el actual paro juvenil. Las cifras son contundentes.

Actualmente la pensión mínima está en menos de 500 euros al mes, la media no llega a los 900 euros, y las pensiones superiores son de unos 2.000 euros (netos) al mes. Cabe exceptuar a algunos altos funcionarios y políticos que rebasan este máximo. A nadie se le escapa que, sea quien sea el partido gobernante, tenderá a congelar las pensiones más altas y a modificar las bases reguladoras: alargar el periodo de cotización y retrasar la jubilación, con lo que la reforma del acceso a las pensiones está a la vuelta de la esquina.

Soy de los que creen en la bondad del sistema público de pensiones español. Un sistema de reparto basado en la solidaridad inter generacional e inter regional. Pero no podemos esconder la cabeza ante el gran cambio demográfico del envejecimiento que se ha gestado en los últimos cincuenta años. Negar la necesidad de la reforma sería una grave irresponsabilidad frente a las generaciones que aun están en el mercado laboral. Sería poner en crisis el modelo público de seguridad social. Otra cosa son los sistemas de seguros complementarios con incentivación fiscal, como aconsejaba el anterior ministro de trabajo. El Banco de España ofrece un portal adecuado y muy didáctico sobre estas previsiones. Es una opción realista e importante, a la que me referiré más adelante.

La crisis económica no es la responsable del desequilibrio demográfico, pero lo agrava al disparar el aumento de la tasa de paro, el mayor de la Europa de los 15. Contribuye a la caída de las cotizaciones y a su vez se come el presupuesto del subsidio de paro.

Es la situación económica más grave de la democracia española. Se echa en falta la capacidad de decisión política para resolver algunas deficiencias y ataduras heredadas del pasado, a fin de introducir simplicidad y ahorro administrativo. Medidas que contribuyan a reducir el déficit, reactiven la economía productiva e infundan credibilidad y confianza en el buen gobierno de España. La reforma de la jubilación no es el indicador principal para generar confianza, debería aunarse con el recorte del gasto improductivo de la administración.

Veamos algunos ejemplos. En España, con 46 millones de habitantes, hay 8.114 municipios, de los que 5.000 tienen menos de mil habitantes, con un gran coste económico y poca eficiencia. Las diputaciones provinciales son una carísima rémora del pasado que debiera transferirse a las autonomías, aprovechando así sus recursos humanos, estructurales y económicos, en vez de aumentar la población funcionarial del estado. No nos podemos permitir que muchos altos cargos públicos acumulen sueldos, honorarios, prebendas y dietas. Algunas administraciones deficitarias siguen construyendo lujosos edificios de prestigio, así como aeropuertos, palacios de congresos, televisiones locales, u otras inversiones que no redundan en el crecimiento del PIB, sino que son una continua hemorragia económica a cargo del contribuyente. La administración central del Estado no ha disminuido su carga administrativa y funcionarial en correspondencia a las transferencias a las comunidades autónomas. Ahí radica gran parte de la desconfianza en la administración española.

La crisis se desencadenó por el despilfarro de algunas administraciones y por las prácticas fraudulentas de entidades financieras, que a su vez favorecieron y alentaron a las familias a endeudarse sin límite. Ahora, si la administración española desea dar un mensaje de austeridad y seguridad a los mercados extranjeros, el recorte en los gastos administrativos no productivos sería la señal más creíble.

Debiera trazarse una gruesa línea roja que preserve a un lado las inversiones en enseñanza, investigación, sanidad, atención social e infraestructuras que potencien el desarrollo industrial y la exportación. Al otro lado de esta línea es donde debe aplicarse la tijera sin complejos, con audacia.

Este sería el buen mensaje, no solo a los mercados exteriores sino especialmente a la ciudadanía, a fin de estimular la confianza en el propio país, en el futuro, estimulando las ganas de trabajar, de ajustarse el cinturón y de ahorrar, porque se entendería que va en serio. El debate sobre las pensiones seria más sencillo.

En España, como en otros países europeos, hay formas de complementar las pensiones mediante las mutualidades de previsión social, entidades sin ánimo de lucro, de inversión prudente, bajo estrecho control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los mutualistas gozan de amplias ventajas fiscales. En general ofrecen su protección previsora a los profesionales (Mutua de la Abogacía, Hermandad de Arquitectos, Mutual Médica, y otras). Durante su vida laboral, los profesionales perciben honorarios superiores a los dos mil euros mensuales, mucho más de lo que recibirán como pensionistas. Si suscriben un seguro de jubilación, con la mutualidad de previsión social de su profesión (en el caso de los médicos con Mutual Médica), pueden compensar la pérdida de capacidad adquisitiva añadiendo a la pensión unos mil o dos mil euros más al mes, llegando así a los tres o cuatro mil euros.

De acuerdo con los expertos, al llegar a la jubilación es aconsejable haber acumulado un capital en torno a los 250.000 euros, lo que significa el pago a la mutualidad de una cuota mensual de alrededor de 350 euros a partir de los 35 años, cantidad que aumenta con la edad. Las aportaciones gozan de una importante ventaja fiscal, que puede llegar a un descuento de doce mil euros al año sobre la base imponible del IRPF. Estos seguros tienen la particularidad de que en caso de fallecimiento los herederos perciben la totalidad del capital acumulado.

Se puede argumentar que el capital de 250.000 euros podría ser más rentable de invertirse en un inmueble o en la bolsa, puede ser cierto, pero la inversión en la mutualidad tiene menor incertidumbre, además de las ventajas fiscales ya apuntadas. Y aún, debe presumirse que el interesado no dispone de este capital cuando es joven e inicia la cotización en el seguro de jubilación de Mutual Médica, de forma que lo irá acumulando con aportaciones mensuales, sin quedar sujeto a hipotecas ni créditos con los consiguientes gastos.

La administración deberá fomentar mejor estas formas de ahorro mediante la reforma de la ley del IRPF, de manera que la percepción del seguro, al llegar a la jubilación, mantenga su inicial ventaja fiscal. En algunos países europeos ya es así. Se trata de asentar un pilar complementario a la seguridad social. Y a su vez estimular, y favorecer fiscalmente, el valor moral del ahorro durante la vida laboral. El IRPF no debería gravar la percepción del subsidio de jubilación cuando el profesional, ya mayor, recibe lo ahorrado al jubilarse. O cuanto menos gravar solamente el beneficio acumulado como renta de capital, pero sin gravar lo que se ha ahorrado con esfuerzo. En la reforma debería contemplarse un máximo de inversión en el seguro de jubilación a fin de garantizar la percepción de entre uno y dos mil euros al mes. Lo que sumado a la pensión de la seguridad social pública se puede conseguir entre tres y cuatro mil euros al mes a la jubilación. Las inversiones mayores deberán tener otro tratamiento, ya que el seguro de jubilación complementario tiene como objetivo mantener la capacidad adquisitiva anterior a la jubilación, nunca ser una vía de escape fiscal para grandes inversores.

Los ciudadanos deberán corresponsabilizarse de su jubilación mediante sistemas complementarios a la seguridad social.

Fomentar estos sistemas significa reforzar la cultura del ahorro a largo plazo, mediante entidades seguras, a la vez que más ágiles y menos costosas que la administración pública. Además será un elemento de facilitación para las reformas que se avecinan en las pensiones. Entramos en una nueva etapa económica, con mayor austeridad, en la que ya no vamos a gastar alegremente. En cambio habrá que atender a valores morales como la convivencia, la responsabilidad personal y nuevas formas de solidaridad. Empiezan nuevos tiempos, en adelante todo será distinto.

Nolasc Acarín Tusell,

Doctor en medicina y presidente de Mutual Médica.

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